07 de septiembre de 2022 — Escrito por Augusto López-Claros

La marginación económica de las mujeres y las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo es un problema generalizado en prácticamente todos los países del mundo. Existe evidencia económica convincente que muestra que excluir a las minorías de la fuerza laboral no solo socava la legitimidad de los gobiernos que practican diversas formas de discriminación, sino que también termina erosionando el potencial competitivo del país en un mercado cada vez más global e integrado. Gran parte de la evidencia se ha centrado en cómo el trato desigual ante la ley y la violación asociada de los derechos humanos de las personas ha afectado negativamente a varias métricas del bienestar humano y el desarrollo. 

Tal vez el área que ha proporcionado hasta ahora las mayores ideas es con respecto a la discriminación de género. En el Banco Mundial durante la última década construimos una enorme base de datos que enumera exhaustivamente tales discriminaciones incrustadas en la legislación de 190 países y descubrimos que están asociadas con diversas disfunciones sociales y económicas. Cuanto más generalizadas son las discriminaciones, menor es el número de niñas que asisten a la escuela secundaria en relación con los niños, menores son las tasas de participación en la fuerza laboral de las mujeres en relación con los hombres, menor es el número de empresas dirigidas por mujeres y mayor es la brecha salarial de género. Estas discriminaciones implican una mala asignación masiva de recursos y, por lo tanto, socavan la productividad y el potencial de crecimiento de un país. Aprovechar esta rica base de datos y otros conjuntos de datos actualizados como el Índice de Igualdad de Género y Gobernanza proporciona una perspectiva integral sobre el estado de la discriminación de género en 158 países, centrándose en áreas como el espíritu empresarial, el trabajo, la educación y el marco legal, y cabe destacar que Irán ocupa el puesto 157, ligeramente por delante de Afganistán,  destacando el enorme costo económico que soporta la economía iraní como resultado de la subyugación de sus mujeres. 

Desafortunadamente, las violaciones de los derechos humanos en Irán no se limitan al espacio de género. El gobierno iraní tiene una larga historia de discriminación contra los miembros de la comunidad bahá’í, la minoría religiosa no musulmana más grande. La lista de abusos es tan larga como deprimente y pone de relieve hasta qué punto el gobierno ha estado dispuesto a estrangular a los bahá’ís económica y socialmente. Los empleos gubernamentales han sido negados a los bahá’ís desde los años inmediatamente posteriores a la Revolución.  A los bahá’ís también se les niegan a menudo las licencias y, por lo tanto, no pueden abrir sus propios negocios. Los jóvenes miembros de la comunidad son excluidos de las universidades públicas, y los estudiantes universitarios que se descubre que son bahá’ís son expulsados. 

Los hogares y negocios bahá’ís son allanados por agentes del gobierno y sus propiedades a menudo son confiscadas sin compensación.  Los lugares sagrados bahá’ís han sido atacados y destruidos. No se les permite enterrar a sus muertos de acuerdo con la ley bahá’í, y los cementerios bahá’ís han sido vandalizados, profanados y destruidos. Los medios de comunicación patrocinados por el estado de Irán difunden sistemáticamente propaganda destinada a incitar al odio contra la comunidad bahá’í de Irán. Esta propaganda a menudo convierte a los bahá’ís en chivos expiatorios de los disturbios económicos y políticos en Irán, y se caracteriza por una serie de acusaciones infundadas, que incluyen espionaje, promiscuidad, desviación sexual, rebelión armada, lavado de cerebro y prácticas «de culto», oposición al gobierno, amenaza a la seguridad nacional y blasfemia y animosidad hacia el islam. 

Ha habido un aumento reciente en este tipo de propaganda: la Comunidad Internacional Bahá’í informa que en 2010-11, aproximadamente 22 articulos anti-bahá’ís aparecieron en los medios de comunicación patrocinados por el estado cada mes. Durante el periodo 2018-20 el número de articulos anti-bahá’ís había aumentado a la cifra impresionante de 740 por mes, lo que requería un gran ejército de escribas contratados para difundir el odio y las falsedades.  Los bahá’ís son rutinariamente arrestados, detenidos y encarcelados. Actualmente, el número de personas en espera de juicio, apelación, sentencia o el comienzo de sus sentencias supera los 400. 

Un ejemplo más reciente de tales persecuciones es el caso de varias docenas de familias que recientemente recibieron una sentencia de expropiación de sus tierras de cultivo y viviendas después de largos intentos de demostrar a las autoridades locales, provinciales y nacionales que eran los propietarios legítimos y que habían residido en sus pueblos durante varias generaciones. El artículo 49 de la Constitución de Irán permite al gobierno confiscar propiedades «ilegítimas» obtenidas a través de «usura, usurpación, soborno, malversación de fondos, robo, juegos de azar», etc. y el gobierno utilizó esto para justificar estas expropiaciones ilegales. En la larga historia de acoso, estos abusos locales a menudo preceden a prácticas que luego se implementan a nivel nacional y que degeneran en un mayor estrangulamiento de la minoría bahá’í.

Prosperidad y desarrollo económico consistir mucho más que aumentar el ingreso per cápita. El bienestar humano incluye dimensiones sociales, culturales, éticas y espirituales. La diversidad y las perspectivas adicionales que con frecuencia aportan los grupos marginados pueden, cuando se les da la oportunidad de expresión y participación, enriquecer a la comunidad y la sociedad. La eliminación de todas las formas de discriminación y la igualdad de oportunidades en las personas no sólo evita una pérdida masiva de recursos humanos y capacidades, sino que abre el camino para niveles más altos de prosperidad y otras manifestaciones del desarrollo humano. 

Sería de enorme beneficio para los 84 millones de ciudadanos de Irán que las autoridades reconsideraran sus prioridades nacionales y reorientaran los recursos hacia fines más nobles, como el alivio de la pobreza y la reconstrucción del deteriorado aparato productivo del país. Avivar el odio e incitar a la población contra una minoría religiosa que no tiene ambiciones políticas, que tiene una larga historia de respeto a la ley y que valora la convivencia pacífica con sus conciudadanos, es destructivo de la riqueza nacional. 

Sin duda, la publicidad adversa y la frecuente condena internacional de estas graves violaciones de las obligaciones de derechos humanos que el Irán ha asumido han contribuido a la condición de paria del país en la comunidad internacional. Han desalentado la inversión extranjera y la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos que a menudo la acompañan y, por lo tanto, han pospuesto indefinidamente la modernización de la economía iraní. Han creado un entorno altamente hostil para la iniciativa privada y el desarrollo dentro del país, como lo demuestran diversos informes del Banco Mundial que ubican a Irán, por debajo de Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Mongolia y Cisjordania y Gaza. El costo económico para Irán ha sido enorme, como lo indica el hecho de que el ingreso per cápita de Irán en 2021 fue aproximadamente el mismo que el de Gabón y Guinea Ecuatorial y aproximadamente un tercio de los países de Europa Central y Oriental que todavía estaban operando bajo las restricciones de los planes centrales de inspiración soviética hasta principios de la década de 1990.

Si los gobiernos no se ven obligados a tratar a sus ciudadanos de manera justa y de manera coherente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, si no aceptan el argumento moral de la igualdad de oportunidades, entonces deberían hacerlo por motivos de eficiencia, como una forma de crear condiciones económicas que mejoren el clima de inversión y conduzcan a mejoras en la productividad y el alivio de la pobreza. La tasa de pobreza de Irán ha aumentado considerablemente desde 2013, con millones de personas cayendo por debajo del umbral de la pobreza.

El camino más sostenible para poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida es a través de la creación de una sociedad inclusiva, que permita a todos, incluidos los grupos tradicionalmente marginados, como las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo, la misma oportunidad de participar y beneficiarse de la economía. Las discriminaciones que resultan en un empeoramiento de las disparidades de ingresos solo alimentarán la desafección social y la inestabilidad política. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de una base para la igualdad de oportunidades, tanto mediante el desmantelamiento de leyes, reglamentos y políticas que discriminan activamente a ciertos grupos, como mediante la adopción y promoción de mecanismos que mejoren la aplicación de la legislación contra la discriminación. 

Irán no podrá volver a un camino de desarrollo sostenible que asegure una transición gradual hacia una economía más eficiente y diversificada, que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles y genere un crecimiento equitativo, mientras su gobierno continúe maltratando a sus minorías y no reoriente sus energías y recursos en la creación de un entorno que fomente el espíritu empresarial, que dé voz a las personas, que garantice un progreso sustancial en el alivio de la pobreza y que señale que la igualdad de oportunidades para todos es un requisito previo para la prosperidad futura.