La libertad de pensamiento, conciencia y religión constituye el núcleo del desarrollo social y de los esfuerzos por crear una sociedad justa y armoniosa. Los Estados del mundo se han comprometido a defender tales derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, el mundo sigue siendo testigo de la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos, así como de una creciente ola de extremismo religioso que amenaza la seguridad, el desarrollo humano y los esfuerzos por alcanzar la paz.
La opresión religiosa, el fanatismo y los enfrentamientos entre los diferentes sistemas de creencias están poniendo a prueba los mecanismos de gobernanza, las nociones de desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, siendo necesario que los gobiernos y la sociedad fortalezcan los instrumentos que contribuyan a la cohesión social, entre los que yacen, tanto en su dimensión individual como colectiva, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
En España, se podría decir que en 1967, con la nueva normativa que se creó, se da un primer paso parcial hacia la libertad religiosa. Desde entonces comenzó el registro de muchas confesiones religiosas. A partir de la Constitución del 78, no obstante, dicha libertad se manifiesta con mucha mayor potencia.
En los últimos años, el Ministerio de Justicia ha promovido la gestión pública de la diversidad religiosa —un proceso que se hizo visible con la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia en el 2004—. Esta institución —con el apoyo de uno de sus programas, el Observatorio del Pluralismo Religioso— cumple el doble propósito de intentar ayudar a la administración pública a gestionar la diversidad religiosa, por un lado, y de colaborar con las confesiones para que puedan disfrutar colectivamente del derecho a la libertad religiosa, por el otro. A pesar de que, en principio, su cometido es trabajar principalmente con las confesiones con notorio arraigo, en la práctica colabora con muchas otras confesiones.
En ese contexto, el 17 de enero de 2019, con motivo del 40 aniversario de la Constitución española, el Ministerio de Justicia organizó la jornada Constitución y diversidad religiosa. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, inauguró la jornada en la que también participaron la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Ana Gallego, y otros altos cargos del Ministerio de Justicia.
Tras la apertura del acto, Ana Gallego presentó el corto documental: Constitución y diversidad religiosa, en el que se entrevista a responsables políticos, académicos y representantes de algunas confesiones religiosas. En él, una protestante, un judío, un musulmán y un bahá’í relatan algunos de los desafíos a los que se enfrentaron como miembros de minorías religiosas en los años anteriores a la promulgación de la Constitución española y los cambios positivos que se dieron con posterioridad a esa fecha.
«Es cierto que la diversidad religiosa y cultural ha generado un debate acerca de nuestra identidad como sociedad, pero eso no debe significar que volvamos a planteamientos retrógrados que parecían superados en la propia elaboración de la Constitución de 1978», mencionó la ministra Dolores Delgado. «Asistimos a un debate en el que debemos defender, frente a populismos y extremismos ideológicos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y de culto».
Por su parte, Jose Luis Marqués señalaba en el corto que «vivir en una sociedad cada vez más variada es un reto que nos puede ayudar a conocer mejor lo propio, a revisarlo si es preciso y a aprender unos de otros».
